Se cumplen diez años desde que Naciones Unidas aprobara los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una hoja de ruta con 17 objetivos y 169 metas para erradicar la pobreza, reducir desigualdades, afrontar la crisis climática y promover la paz y la justicia. Sin embargo, el balance es preocupante: según la ONU (2025), solo el 18% de las metas avanza al ritmo previsto, mientras que otro 18% está en retroceso.

En el sector privado, aunque la sostenibilidad ha ganado presencia, el compromiso de la alta dirección se ha debilitado. En España, el 71% del IBEX-35 mostraba en 2020 declaraciones expresas de apoyo a los ODS; en 2024, esa cifra cayó al 29% (Forética, 2025).

¿Y qué ocurre en la abogacía? A pesar de que el sector está directamente vinculado con el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y asesora a empresas en su transición sostenible, la integración real de los ODS es todavía limitada. El informe Greenprint 2023 de RSGI Consulting revela que, aunque el 80% de los grandes despachos asesoran en materia ESG, solo el 23% incorpora los ODS en su estrategia, y apenas el 10% publica informes de sostenibilidad con la calidad y transparencia necesarias. La cifra se reduce a un 2% si hablamos de publicar una matriz de materialidad.

En definitiva, los ODS cumplen una década con avances modestos y una gran brecha entre discurso e implementación, tanto en el mundo corporativo como en el legal. El desafío para los próximos cinco años es claro: pasar de las buenas intenciones a métricas e impactos verificables.

Lee el artículo completo de Blanca Remírez de Ganuza, socia de Venize, en Cinco Días aquí.