Podríamos decir sin equivocarnos que Clara Ruipérez ha construido una trayectoria profesional de cine. Esta abogada y doctora en Derecho con mención Cum Laude es la impulsora y directora de la Unidad de Estrategia Jurídica de Contenidos, Marcas, Patentes y Transformación Digital de Telefónica, y secretaria del Consejo de Administración de Movistar+. Antes de su incorporación al grupo Telefónica, Clara desarrolló su carrera profesional en despachos como Garrigues y Baker & McKenzie y en multinacionales como Netflix, siempre vinculada a la propiedad intelectual, los derechos de autor y el sector audiovisual.

Hace tan solo unas semanas, la Spain Film Commission le otorgaba el premio “Embajadora del Año” por su contribución a la proyección internacional de la industria audiovisual, un galardón que, por primera vez, pone en valor la labor de una abogada y su equipo en un sector donde los profesionales jurídicos rara vez ocupan el foco.

Clara, ¿cómo una institución como la Spain Film Commission acaba premiando el trabajo de una abogada y lo hace nada más y nada menos que en el marco de un evento tan relevante como Fitur?

Es un reconocimiento a personas y equipos que dan visibilidad al mundo audiovisual dentro y fuera de nuestras fronteras. Yo soy la cara visible, pero es un reconocimiento a todo mi equipo. Estoy muy agradecida porque el hecho de que se reconozca la labor de una unidad jurídica como la nuestra es algo atípico y diría que casi mágico en una industria como la audiovisual, donde el papel de los abogados no tiene tanta visibilidad como otros profesionales. En este mundo hay premios al mejor productor, al mejor cartel, al mejor maquillaje, peluquería…, pero no hay ningún premio al mejor abogado. Siempre estamos detrás del escenario. Por eso, es tan importante que instituciones tan relevantes como la Spain Film Commission reconozcan el trabajo que hacemos los abogados.

Y sobre Fitur, el mundo audiovisual y el turismo están estrechamente relacionados. Además de la potencia de España como lugar de rodaje, la comisión hizo público en el marco de Fitur un informe en el que decía que de cada euro que se invierte en una producción audiovisual, el territorio obtiene 9 euros de rendimiento principalmente en el sector servicios. Además, hay otra parte muy relevante: una vez se ha finalizado la obra, mucha gente acude a esos lugares y territorios donde se han rodado determinadas escenas, generando más impacto económico. La Spain Film Commission trabaja para que el sector audiovisual se reconozca en nuestro país como cultura, patrimonio e industria.

¿Por qué es tan relevante el trabajo de un abogado en el sector audiovisual?

Los abogados estamos desde el minuto uno en el que comienza el proceso de creación de una obra, desde que surge la idea y se desarrolla el guion, hasta cómo se configura la preproducción, el rodaje, la postproducción y luego la venta y la comercialización. El derecho es necesario en todas las fases. Además, hacemos una labor muy relevante, que es lo que ha valorado la Spain Film Commission, para que el legislador entienda nuestra industria, que a veces no es tan obvia. Contribuimos a generar un entorno regulatorio que tenga sentido. En general, hay muchísima creatividad jurídica en el mundo audiovisual. El creador original te cuenta una idea y desarrolla contigo todo el vehículo jurídico que la puede hacer avanzar.

Centrándonos en la unidad de estrategia jurídica que diriges, ¿cuáles son vuestros principales objetivos?

Una labor fundamentar es dar visibilidad a todo el apoyo de Telefónica, Movistar + y otras empresas del grupo hacia la industria audiovisual española. Te pongo un ejemplo. Ahora estamos trabajando en la Berlinale. España es el país invitado, y hablamos con el Ministerio y otras empresas para ver la forma de hacer entender al resto del mundo que nuestras obras y nuestra industria audiovisual son relevantes. Para eso organizamos diferentes iniciativas y participamos en mesas redondas sobre temas que impactan directamente en la industria; por ejemplo, sobre derechos de autor e inteligencia artificial, con el fin de que los creadores entiendan que esta tecnología está aquí, que no pueden ignorarla y que hay que opinar para que precisamente el regulador entienda cuáles son nuestros problemas.

¿Es casi una labor de “lobby”?

Sí, es una labor muy importante de visibilidad externa, pero también generamos políticas para el grupo Telefónica, para difundir la sensibilidad interna alrededor de los derechos de autor, marcas, patentes y todos los intangibles del grupo. En, definitiva, damos valor, cuidamos, protegemos y definimos la estrategia general de los activos intangibles dentro y fuera de la casa. Aunque no los veamos, estos activos son de gran relevancia, incluso económica. Hoy en día hay empresas cuyos activos son únicamente audiovisuales. En España, no estamos tan habituados a los activos intangibles, y hay que hacer mucha labor de visibilidad interna y externa.  

Es un trabajo que parece apasionante, pero vista la dimensión de Telefónica, también abruma… 

Es un trabajo muy bonito, sí. Nuestra unidad pertenece a la Secretaría General del grupo, y la formamos hace dos años y medio, así que podríamos decir que es muy nueva. Aunque es una unidad jurídica, además de abogados también contamos con ingenieros por la parte de patentes. En total la formamos 18 personas que interactuamos con 12 países de todo el mundo, cada uno con su casuística, con el objetivo de visibilizar esos activos intangibles del grupo. Nosotros en Telefónica, además de tecnología y conectividad, somos grandes titulares de contenido. En el sector audiovisual de España, somos los únicos que estamos en toda la cadena de valor. Creamos, producimos para nosotros y para terceros, integramos plataformas y además damos la conectividad que permite que los usuarios accedan a todos estos contenidos. Y no es habitual estar en todo.

Clara, en toda tu trayectoria siempre has estado vinculada con la propiedad intelectual y la industria audiovisual, ¿es algo que siempre tuviste claro?

Sí, desde los 9 años.

¿De verdad?

Sí, de verdad. Desde pequeña tuve claro que quería estudiar Derecho vinculado a la producción audiovisual. Cuando empecé la carrera en el 2001, en España apenas había desarrollo de la propiedad intelectual, y por eso me fui a Berlín, porque en Alemania este campo estaba mucho más avanzado y tenían una legislación mucho más sólida en derechos de autor. De hecho, nuestra ley de propiedad intelectual de 1996 estaba basada en la alemana de 1965. Allí los derechos de autor siempre han sido muy relevantes y forman parte de su cultura. En Alemania hubiera sido impensable que existiera algo como el “top manta” mientas que en España llegamos a normalizarlo.

Ahora parece que estamos en otra fase donde la industria audiovisual vive un boom. ¿Es un gran momento para ser abogada de IP y dedicarse a este sector?

Sí, desde luego. En España, hemos creado un hub audiovisual muy fuerte, y el desafío es que seamos capaces de mantenerlo en el tiempo y de que enseñemos a todos su potencial. Y, desde luego, aquí hay una labor muy relevante de los abogados, porque para que una obra audiovisual funcione no vale solo con la historia. Eso está muy bien, pero el vehículo jurídico tiene que estar en orden. Si el vehículo está bien montado, podrás acceder a incentivos fiscales, ayudas y subvenciones, venderla fuera, rentabilizarla… Por eso es tan importante que el abogado esté implicado desde el principio como un eslabón de la cadena y no como un mero solucionador de problemas. En EE. UU., por ejemplo, el abogado de producción es una figura que siempre está, y la mayoría de los productores han estudiado Derecho.

¿Cuántos abogados os dedicáis a la industria audiovisual en España?

Muy pocos y nos conocemos todos. La mayoría están trabajando en despachos porque las empresas en España, tradicionalmente, nunca han incorporado abogados especializados en propiedad intelectual.

Tú que has estado en ambos mundos, ¿es muy diferente el trabajo de una abogada de IP en un despacho al que realizas en una corporación como Telefónica?

El mundo de los despachos está focalizado en un proyecto concreto. En la empresa, tu abanico es mucho más grande. Es verdad que yo he tenido la suerte de trabajar en despachos que están muy pegados al negocio, pero es cierto que, por lo general, cuando trabajas con abogados externos, estos tienden a ser mucho más conservadores en sus soluciones, porque también es su función. Aquí el abogado que está dentro de la empresa es abogado / negocio. Tienes que tomar tú la decisión. Tu trabajo no es decir que “no” a que se haga, sino mitigar los riesgos al máximo, y ver cómo encontrar la fórmula para alcanzar lo que necesitamos. Por eso, es tan importante la creatividad del abogado. El abogado de empresa tiene una visión mucho más amplia, su labor es acompañar al negocio y concienciar a todos los equipos internos que vean la parte jurídica como algo muy relevante. En definitiva, tenemos una visión 360 que nos permite ser menos conservadores porque conocemos todos los riesgos legales del grupo y contamos con la ventaja de apoyarnos en equipos multidisciplinares.

Clara, ¿escucharemos algún día eso del “And the Oscar to the best lawyer goes to…”?

Ojalá.